De los días que un irascible Rodríguez Saá y sus jueces condenaron a un periodista a una gesta que alumbró un histórico fallo

El histórico fallo de la Corte Suprema de Justicia que acaba de dejar sin efecto la condena al periodista Diego Masci, sentó un saludable precedente para la libertad de expresión en Argentina, y particularmente en San Luis.

En la tarde del 24 de agosto de 2018, el portal Zbol publicó un video que se convirtió en un escándalo que trascendió los límites de San Luis. La ministra de Educación, Natalia Spinuzza contaba en la filmación que había consumido marihuana y alcohol, mientras se encontraba en Ámsterdam junto a su marido.

“Acá estamos con Juan, medios fumados. Pero ya se me pasó igual, miren mi cara, está mucho mejor”, comenzaba diciendo en el video que ella misma grabó y compartió a un grupo de personas. La grabación tomó estado público y el periodista la reprodujo en su plataforma de noticias.

La ministra relató que ese día habían ido al centro de la capital de los Países Bajos y estuvieron en el “Barrio Rojo” donde "compramos marihuana", entraron a algunos sex shop y encontraron “cosas copadas”. Después se sentaron en un bar y conocieron a dos españoles con lo que "tomaron mucha cerveza", y juntos fumaron “un churro enorme".

"Menos mal que fumé poco, porque me fui a Marte”, abundó.

A las pocas horas que hizo la publicación, Masci denunció que su sitio había sido hackeado.

Recién cuatro días después, el gobernador Alberto Rodríguez Saá removió a la funcionaria del cargo. La indignación social era tal que no le dejaba margen a esa altura para mantenerla en el puesto.

Durante un acto en la Casa de Gobierno, Rodríguez Saá hizo una defensa de Spinuzza y trató de “canalla” a Masci.

“El 24 de agosto a las 17:10, este video sacado del plano íntimo, con un acto vil, despreciable, canalla, lo coloca en un medio Zbol.com.ar, quién lo hace un ex funcionario, creador de la Agencia de Noticias San Luis en el Gobierno anterior”, se descargó furioso y sin la menor intención de disimular su estado de ánimo.

La abrazó y frente a un Salón Blanco abarrotado de funcionarios exaltó sus “logros” que fueron “impresionantes” y que estaba “orgulloso de la gestión”. Fue un poco más allá y graficó: “Daría la envidia hasta del propio Domingo Faustino Sarmiento”.

“Yo miro la imagen y en realidad no dice nada reprochable de su vida íntima ni nada, aunque la verdad que no es una imagen simpática”, sostuvo. Opinó que “cometió un acto juvenil de hacer una imagen con su teléfono” y transmitirla “a cuatro personas”.

Dijo que separarla de su cargo le costaba “enormemente”, pero que lo hacía para preservar “una gestión impecable”. En realidad, la mantuvo con rango de ministra en los años siguientes en la secretaría de Medio Ambiente hasta el efímero paso por la Dirección de Derechos Humanos.

Spinuzza denunció a Masci en la Justicia por “violación a la intimidad”, bajo el patrocinio del abogado Omar Uría, quien supo ser ministro del Superior Tribunal de Justicia. Su testigo principal en la causa fue el propio gobernador.

El periodista, con el abogado defensor Ricardo Endeiza, se sentó el 3 de agosto de 2020 en el banquillo de los acusados en un proceso dirigido por la jueza interina, Laura Molino en un sistema judicial que tenía como presidenta del Superior Tribunal a Lilia Novillo, ex apoderada del PJ gobernante y ultra defensora del rodriguezaaismo.

El 13 de agosto fue una jornada negra para la libertad de expresión porque el periodista fue condenado por la magistrada transitoria, que poco tiempo después pasó ocupar un cargo de menor jerarquía en la grilla de la Justicia. Había ordenado además que una vez que quede firme la sentencia, se libre oficio a Google para que proceda a remover de la plataforma de Youtube el video y se desindexe a Spinuzza respecto de los eventuales enlaces que puedan exhibir el mencionado video.

“Se ha escrito otra página más de esta triste historia que tenemos en San Luis, de arrasamientos de derechos constitucionales por parte de un feudo, de un sometimiento absoluto del Poder Judicial a los caprichos, voluntad o intereses de Rodríguez Saá y sus acólitos y sequitos”, dijo Endeiza tras escuchar la lectura del veredicto.

Y valoró: “Acabamos de ver cómo la presunción de inocencia ha sido arrasada por una jueza que ha jurado por la Constitución y que debe respetar los tratados internacionales. Solo se ha encargado de mostrar cómo la libertad de expresión, especialmente para los periodistas y de todos los ciudadanos de recibir información veraz y completa, es una entelequia, una quimera”.

Clausurada la etapa obligada de los tribunales ordinarios, oficializó que iban en busca de Justicia ante “la Corte Suprema y sino la Corte Interamericana de Derechos Humanos que nos va a dar la razón, porque tenemos razón”.

El Gobierno de Rodríguez Saá y la Justicia de San Luis hicieron oídos sordos a todos los pronunciamientos de los foros de defensa de la libertad de expresión. Antes y después alertaron desde esos ámbitos sobre la gravedad de la embestida del hegemónico poder provincial.

“La actividad periodística de quien difunde material de interés público y periodístico en forma lícita no puede ser sancionada de ninguna manera. Es un derecho protegido por la Constitución y los Tratados Internacionales”, advirtió el Foro de Periodismo Argentino (Fopea). Y dijo también: “El fallo tiene efectos sistemáticos negativos para la plena vigencia de la libre expresión y el ejercicio del periodismo en San Luis y en el resto del país”.

En el mismo sentido se expidieron la Asociación de Entidades Periodísticas Argentinas (Adepa) y la Fundación LED al señalar que se estaba en presencia de un avance sobre la libertad de expresión.

Una parte del periodismo de San Luis se solidarizó y repudió el ataque del Poder Ejecutivo y el veredicto judicial. Lo hizo esencialmente el sector que está excluido de la nómina de la pauta oficial de Terrazas del Portezuelo.

Partidos de la oposición y dirigentes políticos y sociales protestaron en la puerta del Palacio de Justicia.

Los últimos cortesanos (Carolina Monte Riso, Jorge Levingston, Cecilia Chada y Jorge Fernández) clausuraron en San Luis la instancia de queja para que se revise el castigo al periodista. El procurador General, Luis Martínez había ratificado en su dictamen la sentencia.

Un día antes de que se cumplan dos años de la condena llegó un fallo que es un severo llamado de atención a la Justicia de San Luis y al mismo Gobierno, primer interesado en la causa.

El procurador General de la Nación, Eduardo Casal consideró en el dictamen que el Superior Tribunal de San Luis no tuvo en cuenta que Spinuzza era una persona pública y que, por tanto, los argumentos usados para descartar la afectación a la libertad de expresión no eran suficiente para respaldar una condena penal.

Por su parte los jueces Horacio Rossati, Juan Carlos Maqueda, Ricardo Lorenzetti y Carlos Rosenkrantz valoraron en forma unánime que el Superior Tribunal de San Luis no hizo “una revisión amplia e integral de la condena, en particular del agravio vinculado a la exención de responsabilidad prevista en el artículo 155 del Código Penal a la luz del derecho a la libertad de expresión” y, teniendo en cuenta la doctrina de “Casal”, dejó sin efecto la condena y ordenó que se dicte un nuevo fallo.

La Corte Suprema de Justicia vuelve a darle otro sopapo de nocaut al Superior Tribunal de Justicia de Rodríguez Saá. Ocurrió en 2017 semanas antes de las elecciones en que se estaba a punto de proscribir a la oposición. Y más atrás en 2004 con la “doble intendencia” falló que María Angélica Torrontegui se había convertido en una usurpadora de la Municipalidad de San Luis.